A partir de este jueves, entran en vigor las reformas al Código Civil y la Ley de Vivienda, diseñadas para detener el incremento excesivo de las rentas. Sin embargo, algunas disposiciones comenzarán a aplicarse hasta finales de diciembre, conforme a los plazos establecidos en el decreto.
Las reformas, publicadas en la Gaceta Oficial una semana después de su aprobación por el Congreso local, establecen que el registro de contratos de arrendamiento, que el gobierno local deberá autorizar de forma inmediata, se realizará mediante un mecanismo que definirá la administración capitalina a través de la Agencia Digital de Innovación Pública. Este registro deberá implementarse en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, y los arrendadores tendrán hasta 90 días para registrar sus contratos.
Además, se modificó el artículo 2448 D del Código Civil, estipulando que el aumento en la renta nunca podrá ser superior a la inflación reportada por el Banco de México durante el año anterior.
En la Ley de Vivienda, se añadió una fracción Bis al artículo 5, que introduce la figura de producción pública de vivienda para arrendamiento, la cual será desarrollada por el Gobierno capitalino utilizando recursos públicos, con el objetivo de ofrecer viviendas en renta a precios asequibles para personas de bajos ingresos.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, subrayó que la política de vivienda social en renta a bajo costo beneficiará a jóvenes, madres solteras, trabajadores, personas con bajos ingresos y grupos prioritarios. Durante la presentación del decreto, Batres mencionó que estas reformas establecen las bases para una nueva política de construcción masiva de vivienda pública de bajo costo, algo que no se había intentado anteriormente en la Ciudad.
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, destacó que estas reformas representan un primer paso hacia la consolidación de un marco legal que permitirá implementar esta nueva política de vivienda en la Ciudad de México.