En un desarrollo reciente, la empresa Tren Maya, que opera bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y es un proyecto emblemático del gobierno federal, denunció penalmente a pobladores de Citilcum, una comunidad maya, por haber bloqueado un paso del tren en protesta por la construcción de su tramo 3.
La denuncia penal, interpuesta ante la Fiscalía General de la República, acusa a los manifestantes de obstrucción de vías de comunicación federales. Para desistirse de esta denuncia, la empresa impuso condiciones estrictas a cinco de las madres y padres de familia que participaron en la protesta realizada a mediados de mayo. Las condiciones incluyeron la firma de un documento en el que los involucrados se comprometieron a no participar en futuras protestas contra el Tren Maya y a ofrecer disculpas públicas.
La protesta en Citilcum surgió debido a que la construcción del tren separó la comunidad de la escuela primaria en el poblado cercano de Kimbilá. La separación causó dificultades para el acceso de los estudiantes y sus familias. Aunque la empresa habilitó un paso deprimido (túnel) para conectar a los pobladores con la escuela, este no fue completado a tiempo y generó preocupaciones sobre la seguridad y la accesibilidad.
Durante el conflicto, se llevaron a cabo negociaciones con un representante de la Secretaría de Gobernación, pero no se llegó a un acuerdo satisfactorio. La situación escaló a una protesta masiva en la que se bloquearon las vías del tren. Posteriormente, se prometió reubicar la escuela en un predio donado, aunque la obra del acceso deprimido continuó retrasada.
Finalmente, el 30 de julio, los cinco manifestantes comparecieron ante funcionarios municipales y firmaron el documento de disculpas bajo la presión de la empresa Tren Maya. El acuerdo fue presentado en un contexto de conflicto y tensión, y los involucrados se comprometieron formalmente a no realizar futuras protestas que puedan afectar a la empresa o a sus operaciones.