Los jueces del país están preparando tres estrategias para enfrentar la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) por parte del Congreso de la Unión. Durante el Foro Nacional Justicia Pronta y Expedita, celebrado en la Ciudad de México, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, secretario de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), explicó que ya se están explorando estas vías para prevenir los cambios propuestos por la reforma presidencial.
Muñoz Alvarado detalló que, en caso de que los recursos nacionales sean insuficientes, el siguiente paso sería acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si la demanda no prospera allí, se recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Además, se están considerando dos alternativas adicionales: un paro nacional y “acciones de resistencia”, como medidas para oponerse a la reforma.
El exdirector nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador podría vulnerar la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía del PJF. La magistrada Emilia Molina de la Puente advirtió que, si se aprueba la iniciativa de elegir por voto popular a más de 7 mil jueces y magistrados, se desperdiciaría la experiencia acumulada de estos jueces.
Ricardo Amezcua Galán, exdelegado de la Benito Juárez y actual consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la CDMX, estimó que el costo de las elecciones y las indemnizaciones para los jueces salientes podría superar los 20 mil millones de pesos, sin contar a los jueces locales. Sostuvo que ese dinero debería invertirse en infraestructura y formación para mejorar el sistema de justicia.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, opinó que aprobar la reforma en sus términos actuales sería un “error histórico“, destacando que existen modelos más efectivos para fortalecer los perfiles de los jueces y ministros.
Por su parte, Elías Huerta Psihas, presidente de la ANDD, criticó la reforma, calificándola de incompleta y parcial. A pesar de ello, coincidió en que se debería cambiar la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suprimir el nombramiento directo por parte del Ejecutivo y separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Pleno de la Judicatura. También propuso crear una instancia efectiva para revisar y sancionar posibles conductas indebidas de los juzgadores, evitando que se convierta en un órgano que limite la autonomía judicial.