La extorsión a pequeños comercios, como las “tienditas”, está proliferando en el país, afectando a uno de cada cuatro negocios que deben pagar a delincuentes para operar, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Durante la ExpoTrastienda, Rivera describió este fenómeno como un problema que se expande “como el moho“, deteriorando el tejido social y advirtió que no debe normalizarse. Con alrededor de 1.2 millones de personas involucradas en pequeños negocios a nivel nacional, el dirigente subrayó que la extorsión o cobro de piso afecta a un cuarto de ellos, extendiéndose a al menos 22 estados del país, incluyendo Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí.
Rivera señaló que esta situación es particularmente alarmante porque refleja un punto en el que la sociedad mexicana podría comenzar a aceptar el cobro de piso como una práctica inevitable. “En ninguna economía moderna se paga por trabajar”, enfatizó, describiendo el cobro de piso como un impuesto “deleznable” e “inaceptable”.
El presidente de Anpec destacó que las extorsiones varían en monto, con los delincuentes llevándose entre 2,500 y 20,000 pesos al mes de cada negocio. La falta de denuncias se debe al temor de las víctimas, que temen represalias y posibles peores consecuencias que las amenazas iniciales.
A pesar de la gravedad del problema, Rivera expresó optimismo en el sector debido a la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia, con la esperanza de que su gobierno implemente acciones efectivas para combatir estos actos delictivos.