Las Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el dictamen de reforma para permitir que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

Con nueve votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Justicia aprobó la minuta sin ningún cambio, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos, la votación quedó con nueve en pro y cinco rechazándola.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, explicó que la minuta reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el objetivo de establecer una coordinación entre las diversas instituciones de seguridad para fortalecer un nuevo paradigma.

El senador morenista Rafael Espino De la Peña recalcó que el clima de seguridad se ha ido degradando continuamente a través de los años, por ello, “el presidente está solicitando y reconociendo que se necesitan ajustes para combatir la inseguridad”.

En su intervención, la también morenista María Merced González señaló que el dictamen de reforma busca establecer un orden de carácter administrativo y presupuestal, donde la Sedena ejerza el poder operativo y administrativo de la Guardia Nacional, a fin de proteger a la sociedad con los mejores elementos y recurso disponibles.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera (PRD) señaló que la minuta omite diversos objetivos a los que se llegó en 2019, pues recordó que cuando se creó el texto de la Guardia Nacional se buscó cuidar a las fuerzas armadas.

“Si estamos analizando esta minuta deberíamos dar argumentos legales al respecto, no únicamente argumentos políticos o electoreros”, consideró por su parte la senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román.

¿Qué pretende la reforma?

El proyecto enviado por Andrés Manuel López Obrador prevé en su régimen transitorio que la Secretaría de Seguridad transferirá a la Sedena en un plazo de sesenta días naturales los recursos presupuestarlos y financieros para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación.

De acuerdo con la iniciativa, sin el mando operativo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad conservará las atribuciones de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Asimismo proponer la política criminal y asegurar la coordinación entre el gobierno federal, la Ciudad de México, estados y municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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