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Internacional

Tres condenados por someter a trabajos forzosos a mexicanos en EUA

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Dos mujeres y un hombre han sido condenados a penas de cárcel y al pago de multas por haber sometido a trabajos forzosos a más de una decena de trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, los condenados eran empleados de la empresa de contratación de mano de obra agrícola Los Villatoros Harvesting LLC (LVH), que trajo a Estados Unidos a muchos trabajadores mexicanos temporales y de temporada con visas agrícolas H-2A.

La compañía sometió a los trabajadores a trabajos forzosos, cometió fraude en su contratación y envió documentos fraudulentos relacionados con las visas al Departamento de Seguridad Nacional y al del Trabajo.

Christina Gamez, de 43 años, fue condenada a poco más de tres años de cárcel, el mexicano Efraín Cabrera Rodas, de 32 años, a casi tres años y medio y Guadalupe Mendes Mendoza, de 45 años, a ocho meses bajo arresto domiciliario. Las multas oscilan entre los 5.500 y los 25.000 dólares.

“Explotaron las vulnerabilidades y el estatus migratorio de sus víctimas, prometiéndoles acceso al sueño americano y después confiscaron sus pasaportes y amenazaron con arrestarlos y deportarlos si no trabajaban sin descanso”, dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Cabrera, que ejercía de reclutador, cobró a los mexicanos entre 1.000 y 2.000 dólares antes de ir a Estados Unidos, diciéndoles que LVH les reembolsaría tras su llegada. Además les mintió sobre el salario.

Gamez confiscó los pasaportes de los trabajadores y falsificó documentos para pagarles una fracción mínima del salario.

Mendes trabajó como supervisor y gerente de LVH, donde los migrantes trabajaron cosechando frutas, verduras y otros productos agrícolas entre 2015 y 2017.

Los tres se habían declarado culpables, al igual que el propietario de LVH, el coacusado Bladimir Moreno, de 55 años, quien conocerá su sentencia el 28 de diciembre. Se expone a la pena máxima de 20 años de prisión.

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