CDMX
Senado propone multas para combatir el acoso laboral en México
El Senado de la República presentó iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y alinearla con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca garantizar entornos laborales libres de violencia y acoso. Las propuestas incluyen sanciones económicas de hasta 565,700 pesos para quienes incurran en acoso laboral, así como medidas preventivas y de atención para las víctimas.
Propuestas clave de las senadoras para el acoso laboral
Las senadoras Julieta Ramírez Padilla y Blanca Judith Díaz Delgado lideraron las iniciativas para reformar la LFT. Entre los cambios propuestos destacan:
- Incluir el término “acoso laboral” y su definición en la legislación.
- Establecer sanciones económicas que van desde 28,285 hasta 565,700 pesos.
- Integrar definiciones de violencia laboral y acoso por razón de género.
- Modificar los conceptos de hostigamiento y acoso sexual ya existentes en la LFT.
Estas reformas buscan modificar 13 artículos de la LFT para prevenir, atender y sancionar la violencia en el entorno laboral.
Cambios propuestos en la LFT
Las iniciativas presentadas incluyen:
- Reconocimiento de formas de violencia laboral: Ampliar la definición para incluir diversas manifestaciones de violencia en el trabajo.
- Mecanismos de atención para víctimas: Establecer protocolos claros para atender y proteger a las personas afectadas.
- Medidas preventivas: Implementar acciones en los centros de trabajo para prevenir la violencia y el acoso.
- Capacitación e información: Brindar herramientas a empleadores y trabajadores para identificar y combatir estas prácticas.
El Convenio 190 de la OIT y su impacto
El Senado ratificó el Convenio 190 de la OIT el 15 de marzo de 2022, lo que obliga a México a armonizar su legislación con este instrumento internacional. Aunque se aprobaron reformas en la legislatura pasada, estas no fueron discutidas en la Cámara de Diputados.
La OIT reconoce que México avanzó en la regulación del hostigamiento y acoso sexual, pero destaca la necesidad de incluir una definición integral de violencia laboral y reconocerla como un riesgo de trabajo. Esto permitiría a las víctimas acceder a servicios de salud e incapacidades laborales cuando sea necesario.
A diferencia de la LFT, las leyes que regulan el trabajo en el sector público, como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Seguro Social, no han sido actualizadas en esta materia. La OIT insiste en la necesidad de reformas legales que garanticen protección efectiva para todas las personas trabajadoras, tanto en el sector privado como en el público.
