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Política

“El Poder Judicial en México está acotado”: advierte EU

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la situación de los derechos humanos en México no experimentó mejoras durante el año 2023. A pesar de que el gobierno ha implementado medidas para identificar y castigar a los responsables de abusos, la mayoría de los crímenes violentos y violaciones de derechos humanos permanecen sin ser investigados o enjuiciados, lo que contribuye a un ciclo continuo de impunidad.

El informe señala que no se observaron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en México durante el año mencionado. Se destacan problemas importantes como asesinatos ilegales o arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura, condiciones carcelarias severas, arrestos arbitrarios, problemas con la independencia judicial, restricciones a la libertad de expresión y de los medios, corrupción gubernamental, violencia de género, crímenes contra personas LGBTQI+ y con discapacidades, y restricciones a la libertad de asociación de los trabajadores.

El informe detalla la participación frecuente de las fuerzas de seguridad en actos de tortura y otros tratos inhumanos, así como las condiciones críticas en las cárceles. Además, se mencionan la falta de independencia en el poder judicial y las restricciones a la libertad de expresión, con ataques a periodistas y medios de comunicación que limitan el espacio público para el disenso.

También se resaltan la corrupción gubernamental y la violencia de género, incluyendo la violencia doméstica y los feminicidios, como problemas que necesitan atención urgente. La violencia contra personas LGBTQI+ y con discapacidades sigue siendo significativa, evidenciando un patrón de discriminación y exclusión.

Los crímenes perpetrados por grupos criminales, incluidos los narcotraficantes, continúan siendo violentos y dominan muchas áreas del país, dificultando los esfuerzos por establecer el orden. El informe lamenta la casi total impunidad con la que operan estos actores criminales, exacerbada por una estructura de justicia penal ineficaz.

 

A pesar de algunas medidas positivas por parte del gobierno para abordar los abusos de derechos humanos, el informe subraya que son insuficientes dada la magnitud y gravedad de los problemas. Se destaca la persistencia de desapariciones forzadas, con investigaciones, procesamientos y condenas poco frecuentes. Además, se mencionan deficiencias en las bases de datos gubernamentales y en los sistemas forenses, lo que dificulta la recopilación de estadísticas precisas sobre el problema de las desapariciones forzadas.

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