El dia de ayer, el gobierno hizo oficial en la Gaceta Oficial el decreto que promulga la Ley Ambiental de la Ciudad de México, una normativa que establece la prohibición de la privatización del agua. Esta nueva legislación, aprobada por el Congreso local el pasado 13 de junio, reconoce el agua como un recurso público y sin ánimo de lucro.
El artículo 159, 9, contenido en el capítulo VII dice lo siguiente “En la Ciudad de México está prohibida la privatización del agua en cualquier modalidad, así como los servicios que se derivan de su suministro y cobro, por lo que la gestión del agua es pública y sin fines de lucro”
Entre sus puntos más relevantes, la ley establece que los proyectos de obra pública que afecten arbolado o áreas verdes deben destinar al menos el 3% de su presupuesto a la ejecución de medidas ambientales, cuando no sea posible la compensación física. Según el artículo 323, la Secretaría correspondiente determinará la compensación económica que los promotores deben aportar al Fondo Ambiental Público.
Además, la normativa incluye sanciones económicas significativas para quienes causen daños a los elementos naturales de la capital, ya sea por omisión culposa o dolosa. Las multas pueden llegar hasta los 5 millones 428 mil 500 pesos para particulares y hasta 65 millones 142 mil pesos para empresas.
La ley está estructurada en seis títulos, 33 capítulos y 335 artículos, e introduce la categoría de “Cinturones Verdes” en las Áreas de Valor Ambiental. Estos cinturones están destinados a evitar la expansión de la mancha urbana en el suelo de conservación, promoviendo áreas públicas para la recreación y el esparcimiento.
Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Martí Batres, celebró la aprobación de la ley, destacando particularmente el artículo 159. Desde marzo, Batres había manifestado su firme oposición a cualquier intento de privatización del agua, subrayando que este recurso es un derecho humano esencial y no debe ser mercantilizado.