Francisco Cervantes y su gestión en el CCE: ¿Colaboración efectiva o liderazgo limitado?

Desde su llegada a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en marzo de 2022, Francisco Cervantes ha adoptado una postura de cooperación con la administración federal entonces encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cercanía fue interpretada de distintas maneras: mientras algunos consideraban que era una estrategia pragmática para mantener canales de diálogo abiertos, otros percibieron una falta de firmeza en la defensa de los intereses empresariales frente a decisiones gubernamentales que afectaban la inversión y la seguridad jurídica.

Durante su gestión, Cervantes ha optado por un enfoque menos confrontativo que el de sus predecesores, buscando mantener una relación institucional estable; sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por ciertos sectores del empresariado que consideran que el CCE debió tener una voz más firme en temas como la política energética, la reforma fiscal y las decisiones regulatorias que impactan la competitividad del país. La pregunta central es si este acercamiento ha logrado resultados tangibles o si, por el contrario, ha debilitado la posición del sector privado en el debate público.

Además, esta relación cercana ha generado preocupaciones sobre la capacidad del CCE para representar de manera independiente los intereses del sector privado. La falta de posturas críticas en momentos de gran trascendencia, como durante la discusión de reformas estructurales recientes o en temas de política fiscal, ha llevado a cuestionamientos sobre si el organismo mantiene su rol como contrapeso efectivo frente a decisiones gubernamentales que podrían afectar el ambiente de negocios en México.

Un ejemplo relevante fue la postura del CCE frente a la reforma eléctrica discutida en 2021, bajo el liderazgo de Carlos Salazar Lomelín. Aunque Francisco Cervantes no estaba al frente del organismo en ese momento, su llegada a la presidencia marcó un cambio en el tono del diálogo con el gobierno. Mientras Salazar adoptó una postura más crítica,

Cervantes ha priorizado una relación más colaborativa, lo que ha generado debates sobre la efectividad de esta estrategia para defender los intereses del sector empresarial.

Sin embargo, la gestión de Cervantes no solo ha sido cuestionada por su relación con el gobierno federal. Otro aspecto relevante es su capacidad para representar de manera equitativa a los distintos sectores que conforman el CCE, en particular a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Aunque el organismo agrupa a grandes corporativos y miles de pymes, la percepción de que se da prioridad a los intereses de los grandes conglomerados ha persistido durante su liderazgo.

La falta de políticas específicas para atender las necesidades de las pymes, especialmente en temas de financiamiento, digitalización y acceso a nuevos mercados, ha sido un punto crítico. Esta situación se hizo evidente durante la pandemia de covid-19, cuando muchas pymes enfrentaron cierres definitivos por la falta de apoyos concretos. En la postpandemia, la gestión del CCE bajo Cervantes no logró articular propuestas contundentes para proteger a estos negocios, lo que puso en entredicho la capacidad del organismo para actuar de manera inclusiva y representativa.

Además, la limitada influencia del CCE en la promoción de reformas estructurales ha sido otro tema de debate. La falta de una estrategia clara para enfrentar problemáticas como las interrupciones significativas en la producción, distribución y entrega de bienes y servicios que ocurrieron a nivel mundial luego de la pandemia o la transición hacia energías limpias, ha reforzado la percepción de un liderazgo reactivo. En lugar de anticiparse a los cambios económicos, el CCE parece haber adoptado una postura de respuesta tardía, lo que afecta su capacidad para influir en la agenda nacional.

Por último, la transparencia en la toma de decisiones dentro del CCE ha sido objeto de críticas. La percepción de que las decisiones importantes se toman en círculos reducidos limita la legitimidad del organismo como representante de un sector empresarial amplio y diverso. La falta de mecanismos claros de consulta y participación interna podría convertirse en un desafío para la gestión de Cervantes, especialmente si se busca mantener la relevancia del organismo en el debate público nacional.

Así, la gestión de Francisco Cervantes en el CCE presenta luces y sombras. Mientras su estrategia de colaboración con el gobierno busca mantener la estabilidad institucional, la falta de posturas firmes en temas críticos, la limitada inclusión de las pymes, la falta de una agenda proactiva en reformas estructurales y la opacidad en la toma de decisiones plantean retos muy relevantes para su liderazgo. El verdadero punto por trabajar será hallar el equilibrio entre estos factores para consolidar un CCE fuerte, representativo y con capacidad de influencia real en la vida económica y política de México.