Cártel Jalisco Nueva Generación defrauda a estadounidenses, dice The New York Times

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emplea el sector turístico como medio para engañar a adultos mayores estadounidenses que poseen tiempos compartidos, informó el periódico The New York Times.

Según el artículo, miembros de esta organización delictiva se hacen pasar por representantes de ventas, supuestamente interesados en adquirir tiempos compartidos de personas mayores. Inician solicitando transacciones bancarias bajo el pretexto de irregularidades y multas. Una vez que reciben grandes sumas de dinero, desaparecen.

Se señala que, el 26 de febrero pasado, mil 813 empresas relacionadas con agencias de viajes, tiempos compartidos, así como del sector hotelero y restaurantero, fueron agregadas a la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) bajo la Ley Kingpin de Estados Unidos.

Esta ley otorga al gobierno estadounidense la autoridad para congelar cuentas bancarias de individuos extranjeros sospechosos de tener vínculos con actividades ilegales, como el narcotráfico.

Se destaca que los sectores turístico y restaurantero están fuertemente vinculados a los cárteles de droga bajo esta ley.

Las empresas incluidas en la lista de la OFAC tuvieron bloqueadas automáticamente sus cuentas en Estados Unidos, perdiendo la capacidad de realizar transacciones con personas o empresas estadounidenses.

Se reveló que empresas en Puerto Vallarta, Jalisco, como Assis Reality and Vacation Club S.A. de C.V., Axis Sale & Maintenance Buildings S.A. de C.V. y Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta S.A. de C.V., están vinculadas a una red asociada al CJNG.

Además, se evidenció que la misma organización criminal aprovecha esquemas fraudulentos para explotar a ciudadanos estadounidenses retirados, según reporta The New York Times.

El periódico estadounidense informa que, solo en los últimos cinco años, las estafas a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos suman 288 millones de dólares, es decir, alrededor de 4 mil 831 millones 148 mil 160 pesos, según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI). The New York Times estima una cifra aún mayor debido a la falta de denuncias de las víctimas.

A pesar de los numerosos casos documentados, el diario señala que se requiere la colaboración de las autoridades locales para que el FBI pueda llevar a cabo investigaciones pertinentes. Además, se destaca que las firmas legales estadounidenses carecen de las facultades para presentar demandas.