La designación de Ulises Lara como encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha generado controversia y cuestionamientos por parte de la asociación civil Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE), que ha interpuesto un amparo contra este nombramiento, alegando que Lara no cumple con los requisitos constitucionales y legales de idoneidad exigidos para ocupar dicho cargo.
El amparo presentado por DILE el pasado 1 de febrero ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la designación de Lara como encargado de la Fiscalía, argumentando que su nombramiento constituye un fraude a la ley de la institución. Según la asociación civil, Lara no cuenta con los requisitos mínimos de idoneidad, tales como poseer un título profesional de licenciado en Derecho y contar con una experiencia mínima de cinco años en el campo jurídico.
CONTROVERSIAL DESIGNACIÓN
Uno de los puntos más controvertidos del caso es el proceso mediante el cual Lara obtuvo su título de Licenciado en Derecho en el Centro Universitario Cúspide de México en 2024. Según registros, Lara obtuvo este título apenas horas después de que lo nombraran como fiscal suplente, en un momento en el que se cuestionaba su idoneidad para ocupar el cargo. Cabe destacar que el Centro Universitario Cúspide de México señaló como una “escuela patito”, lo que arroja dudas sobre la legitimidad de este título.
Además, el amparo argumenta que Lara no cumple con los requisitos de idoneidad establecidos en el Reglamento de Suplencias de la FGJ-CDMX, el cual fue publicado por la exfiscal Ernestina Godoy un día antes de dejar el cargo. Según este reglamento, la persona que ejerce como Fiscal Especializado Suplente asume las facultades del cargo de la persona suplida, lo que hace aplicables a Lara los requisitos de idoneidad.
DILE sostiene que la falta de idoneidad de Lara pone en riesgo la integridad de los actos de investigación del Ministerio Público y vulnera los derechos humanos de las víctimas. Asimismo, el amparo busca poner sobre la mesa la discusión sobre la profesionalización de la abogacía y las redes de corrupción que permiten el otorgamiento de títulos “fast-track”.
Este martes 6 de febrero, las autoridades encargadas deberán decidir sobre la admisión de estas demandas de amparo y la posible suspensión para que Ulises Lara continúe en el cargo. La resolución de este caso será crucial para determinar la legitimidad y la legalidad de la designación de Lara como encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.