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Sanciones para bromistas del 911: Una llamada peligrosa en la CDMX

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Sanciones para bromistas del 911: Una llamada peligrosa en la CDMX

La solicitud de apoyo a través del 911 en la Ciudad de México es un procedimiento crucial para garantizar la atención rápida y eficiente de emergencias médicas, situaciones de seguridad pública o eventos de protección civil. Sin embargo, la práctica de realizar llamadas falsas a este servicio, con motivos ociosos o bromas, no solo representa una distracción de los recursos de emergencia, sino que también conlleva sanciones contempladas en la Ley de Cultura Cívica de la CDMX.

DURAS SANCIONES A LOS INFRACTORES

Según el artículo 28 de dicha ley, tales acciones son consideradas “infracciones contra la seguridad ciudadana”. Específicamente, la fracción nueve establece que llamar o solicitar servicios de emergencia con fines ociosos, generando falsas alarmas o provocando tem or colectivo, es una conducta sancionable. La ley determina que la penalización recaerá en el titular o poseedor de la línea telefónica desde la cual se realizó la llamada.

En caso de ser un menor de edad el responsable de la llamada, la sanción se aplicará al adulto a cargo. Las sanciones previstas no son de índole económica mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sino que implican consecuencias más directas.

Para los infractores mayores de edad, la penalización incluye un arresto con duración de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, comúnmente conocido como “El Torito”. En el caso de infractores menores de edad, la alternativa a las horas de arresto es el cumplimiento de trabajo comunitario, con un rango de 10 a 18 horas. Este enfoque proporciona una modalidad de pago opcional a través de la prestación de servicio comunitario.

Es esencial destacar que estas medidas buscan desincentivar el uso indebido del servicio de emergencia 911, asegurando que los recursos estén disponibles para situaciones reales que requieran atención inmediata. Las llamadas falsas no solo representan un desperdicio de tiempo y recursos, sino que también pueden poner en peligro a aquellos que realmente necesitan asistencia urgente. La implementación rigurosa de estas sanciones busca promover la responsabilidad y conciencia ciudadana en el uso adecuado de los servicios de emergencia.

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