El nuevo protocolo para la búsqueda en fosas clandestinas reportadas de forma anónima involucrará a las autoridades y contará con la participación de colectivos (como el de Madres Buscadoras) que buscan a sus familiares. Incluirá una prospección y reconocimiento previo de los lugares, lo cual implica acciones para detectar probables explosivos con especialistas en la materia.

Víctor Hugo Ávila Barrientos, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, señaló que los colectivos que buscan a sus familiares también participarán. Establecerán directrices para los diferentes momentos de participación de familiares y colectivos: antes, durante y después de la búsqueda.

El protocolo establece que, en caso de hallazgo positivo, la observación de las familias y colectivos se limitará a un número determinado de participantes acordado previamente para un mayor control de la seguridad. Durante los traslados, se omitirán las paradas, excepto en casos de emergencia.

Sin embargo, detalló que ya no podrán tomar ni publicar fotos o videos; así como tampoco las ubicaciones de los sitios. Se acatarán los perímetros rodales y polígonos establecidos en el lugar de procesamiento, y se respetará la propiedad privada. Se evitará compartir la ubicación del sitio de búsqueda. En caso de hallazgo positivo, se prohíbe la transmisión en vivo, así como tomar fotografías y/o video. Las víctimas indirectas recibirán apoyo psicosocial para el manejo de emociones.

En relación con esto, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y Sonora expresó su desacuerdo con el protocolo de búsqueda de personas en fosas, que fue presentado. La agrupación de familiares de personas desaparecidas emitió un breve comunicado en el que enumeró cinco aspectos con los que no está de acuerdo.

En principio, porque limita la participación de las víctimas en la investigación de sus familias. Segundo, porque atenta contra la transparencia de los procesos de investigación. Tercero, porque no fomenta el trabajo colaborativo entre autoridades y colectivos. Cuarto, porque no cuida la seguridad e integridad de las víctimas más que de los servidores públicos. Por último, porque invisibiliza en todo momento a las víctimas de casos de desaparición de personas.