Diputada manda a juicio a Adán Augusto por paralizar al INAI

#Nacional  La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño anunció que presentará una demanda de juicio político contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por paralizar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) al instruir a los senadores de Morena a no nombrar a los comisionados del INAI.

En rueda de prensa, la diputada dijo que el Senado de la República es el primer responsable de la inoperancia del INAI, ya que desde el 31 de marzo de 2022 debería haber nombrado a una comisionada y dos comisionados. Sin embargo, debido a las presiones ejercidas, el pasado 1 de marzo se nombraron dos comisionados, pero estos nombramientos fueron objetados por el presidente de la República.

La diputada señaló que el secretario de Gobernación, al transmitir la posición del Ejecutivo Federal, no solamente lo hace en su calidad de representante,
sino también de participante en la posición política e institucional. Por lo tanto, si se paraliza la vida institucional, el secretario es susceptible de juicio político.

Instruyen a los senadores de Morena a no nombrar a los comisionados del INAI

La demanda de juicio político se basa en el artículo 109 constitucional, que establece que procede el juicio político cuando los servidores públicos
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Para que se configuren las causas del juicio político, se requiere que los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios
causen perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

La diputada Pérez-Jaén Zermeño enfatizó que las expresiones del secretario “en el sentido de que no deben designarse a los comisionados del INAI -reproduciendo y compartiendo las expresiones del presidente de la República- causan tales perjuicios o afectan el buen despacho de los intereses públicos fundamentales”.

Con esta demanda de juicio político, se busca que el secretario de Gobernación sea sometido a un proceso que determine si incurrió en alguna falta
que merezca ser sancionada con la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.